Los miembros de Gente del Petróleo despedimos el año con dolor por los amigos y compañeros de lucha que fallecieron y por quienes están encarcelados, exiliados o perseguidos por el régimen. Recibimos el 2007 con el entusiasmo y la energía de quienes seguimos presentes en la contienda cívica para recuperar el estado de derecho y comprometidos a lograr un mejor país. Cuatro años de atropellos no han hecho mella en nuestro espíritu y, aunque algunos por diferentes circunstancias han decidido pasar la página, la gran mayoría nos mantenemos sin dar ni un paso atrás en la defensa de los principios y valores universales y eternos. El año se inicia con nuevas amenazas para nuestros afiliados. Continuará el juicio en contra de los vecinos de Los Semerucos, que además de haber sido agredidos por la Guardia Nacional, se les pretende encarcelar. Igualmente seguirá el juicio en Cabimas en contra de algunos miembros y de habitantes de esa ciudad, por estar supuestamente incursos en intento de sabotaje de una estación de electricidad y por intentar quemar cauchos para obstruir una calle, todo sin base alguna. A Juan Fernández, a Horacio Medina y a otros cinco compañeros no se les respeta el derecho de un juicio en libertad, como les corresponde, sino que les libraron orden de captura que los obligó a exiliarse.
Recientemente se están citando a cientos de ciudadanos que trabajaban en PDVSA, algunos de ellos no pertenecientes a Gente del Petróleo, en relación a una investigación de la Oficina de Auditoría Fiscal de PDVSA, sobre supuestos daños a la empresa por el paro cívico del 2 de diciembre del 2002. Ojalá se hiciese una investigación imparcial para que quede en evidencia la responsabilidad del Presidente de la República, de Alí Rodríguez Araque, entonces presidente de la empresa, y de Rafael Ramírez y Bernardo Álvarez, quienes se desempeñaban como Ministro y Vice-Ministro de Energía, respectivamente.
El teniente coronel provocó la crisis, tal y como lo reconoció el 15 de enero del 2004 ante la Asamblea Nacional. Alí Rodríguez convocó a los grupos paramilitares oficialistas a tomar las dependencias de PDVSA, militarizó las instalaciones y puso en práctica un plan de contingencia fuera de las normas. El 7 de diciembre del 2002 asumió plenos poderes otorgados por el accionista y destituyó a todos los Gerentes de Distrito, sustituyéndolos por “revolucionarios”.
Por otra parte, fue público y notorio que las instalaciones, particularmente las refinerías, se entregaron mediante un acta y en perfectas condiciones a quienes designó Alí Rodríguez. Cuando recuperemos el estado de derecho se establecerá quiénes fueron los responsables.
Mientras tanto, como buenos ciudadanos seguiremos presentes en la lucha por la democracia y comprometidos con Venezuela.
eddiearamirez@hotmail.com
El Universal dig, 2 de enero del 2007
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